La docente de filosofía, representada por abogadas de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, ingresó una querella criminal por lesiones graves gravísimas y abuso contra particulares luego que sufriera una fractura de pómulo y trauma ocular durante una protesta. La acción apunta a la responsabilidad del actual ministro del Interior, el General Director de Carabineros y todos quienes se encuentren vinculados al hecho.

El pasado viernes 19 de febrero se desarrollaba una nueva tarde de protestas en el centro de Santiago, contexto en el cual la profesora de filosofía, Francisca Mendoza, resultó con un un trauma ocular tras la represión policial liderada por Carabineros contra la manifestación.

Tras los hechos, la docente interpuso una querella en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, acción representada por las abogadas de la  Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) Vannia Toledo y Mariela Santana.

En contacto con RESUMEN, las abogadas comentaron que la querella contempla los «delitos de lesiones graves gravísimas, mutilación, abusos contra particulares y otros, en la persona de FMV» los cuales, «al ser cometidos por agentes del Estado, revisten el carácter de lesa humanidad«.

Consultadas por la identificación de los funcionarios policiales que estarían involucrados, las abogadas notificaron que pese que existen carabineros identificados dentro del grupo que prestó auxilio a la docente, aún no existen antecedentes sobre el autor específico del disparo.

A través de una nota de prensa, CODEPU notificó que, tras ser trasladada al Hospital El Salvador, la profesora fue diagnosticada con una triple fractura de su pómulo además de trauma ocular severo que daño su retina, siendo intervenida quirúrgicamente.

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La querella ingresada está dirigida concretamente a: el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y «todos aquellos quienes resulten criminalmente responsables, ya como autores, cómplices y encubridores«.

Consultadas por el rol del Alto Mando de Carabineros, Toledo y Santana comentaron que este «es responsable por los actos de sus miembros, y por ello nuestra intención es perseguir no solo la responsabilidad de quienes son responsables directos de los delitos, sino también de quienes crearon y propiciaron las condiciones para que se cometieran«.

A modo de cierre, indicaron que existe un «patrón común de conducta» relacionado con una política sistemática de represión contra las protestas en Chile, cuestión que ya se ha acreditado en informes anteriores.

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