La crisis hídrica es un tema latente en Chile producto de, entre otras cosas, la intervención de los territorios de parte del empresariado desde una perspectiva extractivista y obviando los Derechos de la Naturaleza.

Así se ha constatado en distintos lugares del país, siendo un ejemplo la zona de Cabildo y Petorca (Región de Valparaíso), donde se ha emplazado a las industrias respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas que han explotado consecutivamente. En este contexto, diferentes personas han sido denunciadas por nefastas prácticas para con el bien común del agua.

Así, fue este lunes que El Desconcierto dio a conocer una información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA), la cual estableció una multa contra quien fue ministro del Interior durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y ministro de Defensa en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle; el democratacristiano Edmundo Pérez Yoma.

La información entregada por la DGA confirma que se constató una obra de desviación de agua en el estero La Patagua, responsabilidad de Agrícola Las Loicas, de la cual Pérez Yoma forma parte, por lo que fue multado con 275,5 UTM: poco más de $14 millones.

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De igual forma, existen diligencias pendientes por otras obras de embalses-estanques que podrían involucrar a Pérez Yoma en otras denuncias.

El actuar del ex ministro no es nuevo, debido a que ya cuenta con un historial desde 2011 donde la DGA de Valparaíso denunció irregularidades sobre la existencia de un pozo «que tendría vestigios de un dren», señala el medio citado, condenando a Agrícola Cóndor Limitada a pagar 20 UTM por infracción al Código de Aguas.

Derecho al agua

El Derecho Humano al agua, define el Eco-Glosario Constituyente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), corresponde a «anclar la tutela de acceso al agua potable a la teoría y a la práctica de los derechos humanos implica la entrega de recursos financieros y políticos para la resolución de problemas relacionados con el agua destinada para consumo humano«.

Recientemente, la Corte Suprema ordenó al Estado chileno a garantizar el acceso al agua potable tras fallar a favor de las y los habitantes de El Melón, a quienes se les deberá asegurar un abastecimiento de 100 mil litros diarios.

 
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